Sánchez abona un indulto a la carta para Griñán mientras descarta el 99,2% de los solicitados

Pedro Sánchez no descarta el indulto para José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación. Se trata de la opción más viable para que Griñán eluda la prisión y está al alcance del jefe del Ejecutivo. El mecanismo es relativamente simple: cualquier persona condenada puede solicitar la medida de gracia al Gobierno y la decisión final corresponderá al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia. El volumen de solicitudes que el Ministerio recibe cada año es abultada. Tanto así que, desde que Sánchez está en el poder, se han concedido 121 indultos y se han denegado 14.165, según los últimos datos actualizados (al segundo semestre de 2021). En resumen, sólo se concede el 0,8%.

Entre los concedidos figuran algunos especialmente polémicos, como los otorgados a los nueve dirigentes separatistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre o a Juana Rivas y María Sevilla, condenadas por el secuestro de sus hijos. El año pasado, por ejemplo, se concedieron 46 indultos y se denegaron 3.427.

Aunque Sánchez ha evitado «pronunciarse sobre hipótesis», preguntado acerca de un posible indulto a Griñán, esa misma afirmación encierra que no lo descarta. De hecho, en su primera valoración de la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno corrió a defenderle, además de a Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación por malversación.

«Están pagando justos por pecadores», afirmó el miércoles en rueda de prensa desde Varsovia al término de la XIV Cumbre Hispano Polaca. Sánchez destacó que los ex presidentes andaluces y del PSOE «no se han llevado ni un céntimo» y emplazó a septiembre, cuando se conocerá la sentencia del Supremo y los dos votos particulares. Será en ese momento, afirmó, cuando se tomarán las decisiones en función de la iniciativa de las defensas y «siempre dentro del marco de la ley». El abogado de Griñán ya ha avanzado que solicitará el indulto.

El Gobierno, en cualquier caso, no ha tenido problema en conceder indultos incluso con los informes en contra del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, como ocurrió con los condenados del procés.

En el caso de Griñán, una de las razones más viables para concederle la medida de gracia es su edad, 76 años. Mientras, en el PSOE van también preparando el argumentario. La nueva portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, defendió, conocida la sentencia, que «la puesta en marcha de estos mecanismos logró en Andalucía salvaguardar cientos de empleos y empresas en momentos de dificultad en una comunidad fuertemente golpeada por el desempleo». «En este partido, tan pronto se conozca la sentencia, profundizaremos en la valoración de la misma», añadió preguntada sobre el indulto.

Código Ético

Lo cierto es Sánchez y sus ministros incumplirían el Código Ético del PSOE en el caso de apoyarlo. El documento establece expresamente que: «Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves».

En virtud de ese punto, pues, Sánchez y los ministros socialistas en el Gobierno tendrían taxativamente prohibido apoyar esta medida de gracia para librar a Griñán de la prisión. Además, quien debería proponerlo es la socialista Pilar Llop, actual ministra de Justicia.

De hecho, el PSOE sitúa la «mala conducta cívica o ética que contradiga el Código Ético y de Conducta» que «sea considerada grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE».

En este caso, la sanción va desde la suspensión de afiliación o inhabilitación para el desempeño de cargo público a la misma expulsión del partido.

No obstante, cabe apuntar que de la supervisión del cumplimiento del Código Ético se ocupa la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en última instancia, la Comisión Ejecutiva Federal, encargada de «resolver los expedientes disciplinarios y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan». Y esa Ejecutiva está presidida por el propio Sánchez y controlada por sus afines.